Presentaron el libro “Problemáticas, conflictos y controversias sobre la ‘cuestión ambiental’ en Mendoza”

Especialistas del CONICET Mendoza presentaron el libro “Problemáticas, conflictos y controversias sobre la ‘cuestión ambiental’ en Mendoza”, una publicación que propone analizar las problemáticas ambientales de la provincia desde una perspectiva histórica, social y territorial.

Entre los autores se encuentran Facundo Rojas y Lucrecia Wagner, investigadores del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y Jorge Ivars y Paula Mussetta, investigadores del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales (INCIHUSA), junto a otros profesionales. El libro destaca que la cuestión ambiental en Mendoza debe comprenderse desde una perspectiva amplia, que contemple no sólo las dimensiones naturales, sino también los procesos históricos, sociales, políticos y territoriales que intervienen en la construcción de los conflictos y las controversias ambientales.

“La cuestión ambiental adquiere una espesura histórico-geográfica que ayuda a comprender el papel del Estado provincial a partir de un modo de intervención social que habilitó un cuerpo de ideas particulares sobre la naturaleza. Las comillas que colocamos en el título a la “cuestión ambiental" no son casuales; quiere decir que es un proceso abierto tanto en sus significados como en sus consecuencias. Como ejes centrales, encontramos argumentos históricos y geográficos que muestran cómo la apropiación del agua y del territorio estructuran las relaciones sociales y de poder en la provincia”, afirma Rojas.

La publicación aborda problemáticas que vinculan procesos históricos con debates ambientales actuales. Entre ellas, se encuentran el giro ambiental en el histórico conflicto judicial con La Pampa por el río Atuel; la presencia ancestral de los pueblos mapuche-pehuenche en el sur mendocino y los discursos que buscan deslegitimar sus reclamos territoriales; las transformaciones e inequidades del ciclo hidrosocial en el norte provincial, donde el agua se concentra en las zonas altas y en desarrollos inmobiliarios, en detrimento de áreas rurales como Lavalle y los humedales de Guanacache; el cuestionamiento al fracking (explotación petrolera no convencional); y las movilizaciones socioambientales frente al avance de la megaminería, con especial atención a la histórica defensa de la Ley 7722.

La gestión de los bienes comunes de la naturaleza no es un proceso exclusivamente técnico ni neutral desde el punto de vista político, ya que siempre existen sectores beneficiados y perjudicados por las decisiones que se toman. En este sentido, Wagner sostiene que no es posible gobernar, conservar o utilizar los bienes naturales sin considerar las dimensiones culturales y sociales que atraviesan estos procesos. Ningún territorio está ajeno a la influencia de las sociedades, ya sea directa o indirecta.

En Mendoza, explica la investigadora, ha predominado históricamente un paradigma productivista que presenta la escasez hídrica como un fenómeno exclusivamente físico o climático, sin contemplar adecuadamente sus dimensiones sociales y políticas. Para analizar esta problemática, el libro retoma el concepto de ciclo hidrosocial, que permite comprender cómo las decisiones del Estado, la orientación de las inversiones y las desigualdades en las relaciones de poder han configurado territorios privilegiados, como los oasis irrigados, en detrimento de otras zonas postergadas o consideradas territorios de sacrificio, tanto dentro de la provincia como aguas abajo en las cuencas compartidas.

Por su parte, el Rojas destaca el papel fundamental de la sociedad organizada en la construcción de otras formas de comprender y relacionarse con la naturaleza, más allá de una mirada que la considera únicamente como fuente de recursos o como mercancía sujeta a criterios económicos. En este sentido, señala que actores sociales como las asambleas por el agua, las comunidades indígenas, los productores locales y diversos colectivos ciudadanos contribuyen a actualizar y resignificar la cultura del agua.

“Estas organizaciones y comunidades también intervienen en los debates públicos al cuestionar la falta de licencia social de determinados proyectos extractivos y reclamar la participación de los sectores involucrados en las decisiones que afectan sus territorios”, afirma el científico.

Como ejemplo de este protagonismo social, el investigador destaca la defensa de la Ley 7722 y las movilizaciones masivas de diciembre de 2019 en Mendoza. Según explica, este proceso mostró cómo la participación ciudadana puede recuperar una memoria colectiva vinculada al cuidado del agua e incidir en las decisiones políticas y legislativas. También permite comprender cómo las leyes que cuentan con un amplio respaldo social pueden sostenerse a través de la participación de una ciudadanía que las reconoce como propias y se moviliza ante los intentos de modificarlas.

En relación con las distintas formas de comprender y valorar la naturaleza, Wagner retoma una expresión destacada por Gabriela Merlinsky en el prólogo del libro: la existencia de múltiples sensibilidades que permiten sostener la red de la vida. Esta idea alude a los diferentes modos de valorar y habitar los territorios, que no se rigen exclusivamente por criterios de rentabilidad económica o por evaluaciones técnicas.

Mientras que las evaluaciones tradicionales suelen medir los impactos a partir de relaciones de costo-beneficio, las comunidades y los actores vinculados al territorio incorporan otras dimensiones, como la salud, la soberanía alimentaria, la identidad cultural y la memoria colectiva.

Además, la investigadora señala la importancia de una mirada ecocéntrica, presente en cosmovisiones indígenas como el Kvme Felen o buen vivir, que reconoce a los ríos, glaciares, montañas, humedales, flora y fauna como parte de sistemas vivos indispensables para sostener la vida, y no simplemente como recursos disponibles para su explotación.

El libro reúne evidencia científica y analiza herramientas jurídicas, institucionales y comunitarias para defender los territorios frente a las problemáticas ambientales. Entre ellas, se menciona la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y las ordenanzas municipales que declaran zonas libres de fracking.

“Es importante garantizar caudales ambientales o ecológicos para preservar la vida de los ríos y humedales antes de destinar el agua a actividades productivas o extractivas. También visibilizamos alternativas impulsadas por las propias comunidades para diversificar la matriz productiva local de manera inclusiva y sustentable, como el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Por último, es necesario fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios como parte fundamental de las decisiones que involucran sus territorios”, concluye Rojas.